En los próximos días la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires volverá a tener actividad con sesiones previstas en ambos cuerpos, con una semana de diferencia entre ambos encuentros. De esta forma, el miércoles 17 de este mes será en la Cámara de Diputados, mientras que el 24 se espera que sea la del Senado provincial.

Si bien todavía es muy pronto para definir el listado de temas que integrarán el orden del día, trascendió que existe preocupación entre las bancadas (especialmente para el oficialismo) para incluir un tema de urgente tratamiento.

Se trata de la Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, que fue aprobada en abril de 2022 y que, al regir por dos años, está a punto de caducar.

En este contexto de crisis económica y tarifazos, la normativa enviada otorga facilidades financieras y tarifarias, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y prohíbe los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales. A su vez, señala que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas.

En su artículo 2°, esta ley declara “de Interés Provincial el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores y trabajadoras, como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en crisis o proceso de quiebra, privilegiando los bienes necesarios para tal fin”.

En ese sentido, los sujetos alcanzados son “las empresas conformadas como cooperativa de trabajo, o con trámite de constitución, que se encuentren gestionadas por sus trabajadores y trabajadoras provenientes de una empresa anterior que entró en cesación de actividades, quiebra, cierre del establecimiento, abandono de los titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, trasvasamiento o cesión a favor de los trabajadores de maquinarias, inmuebles o activos, disolución de la sociedad con causal de liquidación o de cierre por cualquier causa”.

Cabe destacar que a partir de la sanción de la ley quedaron suspendidos “todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de Empresas Recuperadas”.

El artículo 5, por su parte, suspende “los cortes en el suministro de los servicios públicos provinciales de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales. Los prestadores de servicios de distribución de energía eléctrica y de agua potable y desagües cloacales deberán otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas aquí dispuestas, conforme las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua, en su carácter de órganos de control de la prestación de los servicios mencionados”.